la inclusión de las personas con discapacidad en la educación superior en México.

Desde hace poco más de dos décadas, la equidad y la igualdad de oportunidades se han convertido en dos temas centrales para las políticas de educación superior en México. El acceso a los servicios educativos, como parte de los bienes sociales y del compromiso de los Estados nacionales, nos lleva al análisis de cuestiones más amplias relacionadas con la justicia social. Sin embargo, la educación es un bien que dista mucho de los objetos físicos que podemos acumular y su apropiación también difiere de la que hacemos con las propiedades materiales, de ahí la enorme complejidad para tratar la justicia en el ámbito educativo (Latapí, 1993).

En la educación superior, una dificultad adicional es que, aunque se reconocen los efectos positivos que tiene para la movilidad social, las tasas de retorno y el bienestar general de las personas (Bracho, 2005), no es constitucionalmente obligatoria, lo que significa que, de modo necesario, habrá personas que, aunque tengan el perfil o cumplan con los requisitos institucionales, quedarán fuera de ella.

El problema es que en México, como en muchos otros países, existen grandes desigualdades en las condiciones de vida de los sujetos que las instituciones educativas tienden a reproducir y, como en un círculo vicioso, se prolongan de nuevo como desigualdades sociales (Connell, 1997). La pobreza, el género, el lugar de residencia, la edad y la pertenencia a una etnia son algunas de las variables que han producido y reproducido la inequidad y la exclusión en la educación superior (Bracho, 2005). Existen, además, otros factores que inciden en esta problemática y cuyos efectos en la población en edad de cursar la educación superior han sido poco analizados, como la violencia, la migración y la discapacidad.

DIMENSIONES DE LA EXCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL NIVEL SUPERIOR

De acuerdo con Gairín y Suárez (2014), “la exclusión es un proceso dinámico y cambiante que se configura a partir de procesos sociales propios de cada época y contexto” (p. 37); sin embargo, la educación superior se ha caracterizado por ciertas prácticas que la han hecho históricamente elitista; por ejemplo, en la mayoría de los países, este nivel no es obligatorio, es decir, su acceso no está garantizado por el estado. Además, gran parte de las instituciones que la imparten son autónomas, y para ingresar, los estudiantes se sujetan a determinados procedimientos –ya sea un examen general de conocimientos, ingreso directo por incorporación del bachillerato, ingreso directo por excelencia académica o por prueba de aptitud o talento–, los cuales, en última instancia, dependen de un conjunto de cualificaciones y competencias individuales (OECD, 2003).

Por otra parte, aunque en los últimos cincuenta años los sistemas de educación superior han seguido patrones de crecimiento similares en diversas partes del mundo y las diferencias en los niveles de escolaridad entre países desarrollados y emergentes han disminuido (ONU, 2013; Schofer & Meyer, 2005), los factores y dimensiones que intervienen en el problema de la exclusión continúan siendo los mismos

La pobreza es hasta ahora la causa más importante del rezago y abandono de la educación terciaria. De entrada, las personas provenientes de hogares pobres tienen muy pocas posibilidades de concluir los niveles educativos previos – se estima que sus posibilidades de dejar la escuela son tres veces mayores que las de los jóvenes de sectores más favorecidos (ONU, 2013)–; esto reduce significativamente sus posibilidades de llegar a la educación superior. Los efectos de la pobreza se hacen más grandes a medida que se avanza en el sistema educativo, por los costos directos e indirectos que les significan a los individuos y sus familias. Esta problemática es más severa en los países pobres, en donde no existen programas compensatorios o son insuficientes para compensar las diferencias en los ingresos familiares (OECD, 2013).

LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN TERCIARIA

El tema de la inclusión de las personas con discapacidad empezó a formar parte de la discusión internacional a partir de las conferencias mundiales de Educación para Todos de Jomtien (UNESCO, 1990) y sobre Necesidades Educativas Especiales de Salamanca (UNESCO, 1994). En la primera, el principal objetivo fue la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos, la universalización del acceso a la educación y el fomento a la equidad. Para lograrlo, el Marco de Acción proponía mejorar la calidad de la educación a través de estrategias eficientes y de bajo costo que permitieran solventar las necesidades de aprendizaje y potenciar el desarrollo genuino de las personas, en especial de aquellas pertenecientes a los colectivos más desfavorecidos (UNESCO, 1990).

Más tarde, en la Conferencia Mundial de Salamanca aparecieron por primera vez las nociones de inclusión educativa y de necesidades educativas especiales. En el Marco de Acción quedó establecido que el concepto de necesidades educativas especiales, aunque estaba dirigido primordialmente a los niños y jóvenes con discapacidad, también abarcaba a otros colectivos sociales, como los niños y jóvenes en situación de calle, los de poblaciones nómadas, los pertenecientes a minorías lingüísticas, étnicas o culturales, los que realizaban algún tipo de trabajo remunerado o no remunerado y los que habitaban en zonas marginadas o desfavorecidas (UNESCO, 1994).

En cuanto a la inclusión educativa, se aclaraba que ésta se distinguía de la inserción y la integración porque, en lugar de adaptar a los niños y jóvenes al ambiente escolar, buscaba construir sistemas flexibles y diversos que respondieran a las diferencias individuales de los estudiantes a través de cambios cualitativos y cuantitativos en las instituciones (UNESCO, 1994).

La educación superior enfrenta una doble responsabilidad. La primera consiste en preparar a sus estudiantes en su conjunto de escuelas y facultades para que logren el desarrollo de competencias que les serán útiles en el ámbito laboral que hayan seleccionado de acuerdo con sus intereses, habilidades y aptitudes. En este punto destaca la importancia de que cada escuela o facultad incorpore en su mapa curricular una visión de inclusión que promueva en sus contenidos y prácticas la toma de conciencia sobre las necesidades de la población con alguna discapacidad para que de esta forma la sociedad reciba respuestas en este tema que fomenten nuevos caminos con una perspectiva de derecho y de inclusión, tanto en el ámbito educativo como en el laboral. La información que brinda la Organización Mundial de la Salud1 es que en todos los países, por lo menos 10% de sus niños, niñas, jóvenes y personas adultas en edad productiva presenta algún tipo y grado de discapacidad, lo que nos lleva a considerar que la población con discapacidad está entre nosotros, pero aún no la hemos hecho visible.

referencias:

💥https://www.redalyc.org/jatsRepo/998/99843455011/html/index.html

💥https://www.libreacceso.org/wp-content/uploads/2016/05/politicas_inclusivas_en_la_educacion_superior_ciudad_de_mexico.pdf